La Federación de Profesionales de Córdoba (Fepuc), que nuclea a 30 colegios, consejos y asociaciones, congregando un colectivo de 120.000 ciudadanos, profesionales y contribuyentes, manifestamos la preocupación por el estado de desamparo en el que están la mayoría de las y los profesionales agrupados. Ante esta realidad, la entidad realiza el siguiente pronunciamiento en torno a:
Profesional trabajador
La primera falencia que se observa en los análisis y disposiciones del
Estado es que a las y los profesionales no se los analiza como “trabajadores” y
muchos mantienen una relación informal con sus dadores de trabajo. Es vital
recordar que dos de cada tres profesionales trabajadores son independientes. El
55% de los consultados en la última encuesta del Observatorio de Profesionales
de la Fepuc manifiesta que en su sector hay informalidad laboral tomada como
trabajo no registrado o relaciones laborales encubiertas a través de la figura
de monotributo.
Profesional trabajador público y privado
En la coyuntura Covid-19 pueden observarse dos universos de análisis
respecto a las medidas aplicadas por el gobierno:
El primer universo, quienes están en relación laboral con el Estado en
cualquiera de sus modalidades, sólo 17,6% están amparados en una serie de
medidas concretas de ayuda económica.
En contraposición, se abre una brecha con el segundo universo en el que están
todos los trabajadores profesionales independientes que según el Observatorio
de Profesionales FEPUC son 64,8%, de los cuales 32% tiene personas a cargo
agravando más aún su actual realidad.
De acuerdo a la modalidad de contratación, se distingue que 46,1% de las y los
profesionales facturan sus trabajos incluyendo en estos las locaciones de
servicios a las distintas dependencias de la administración pública y 36,2%
mantiene una relación de dependencia formal.
En síntesis, este grupo está compuesto por profesionales independientes que
ejercen su profesión por si o con colaboradores, teniendo personal a cargo. Se
trata de microeconomías muy vulnerables a crisis como la actual, y están
atravesados por la obligación de afrontar pagos de salarios, insumos básicos
para la práctica profesional, alquileres, servicios, monotributos, aportes
previsionales, cargas sociales e impuestos, sin la posibilidad de generar
ingresos.
Emergencia alimentaria
Entre las primeras reacciones a la emergencia se tuvo en cuenta en el Ingreso
Familiar de Emergencia a los Monotributistas categorías A y B. Este piso y
techo deja fuera de esta mínima cobertura a quienes facturan un importe mayor a
$26.100 mensuales, y que en la actual circunstancia no están facturando o lo
hacen en un porcentaje muy reducido al habitual; quedando claramente
desamparados en sus ingresos. Mayoritariamente, este universo de profesionales
está impedido de prestar sus servicios teniendo un fuerte impacto en la baja de
sus honorarios.
* Por este motivo, se solicita a las autoridades del Estado,
en todas sus jurisdicciones, la generación de herramientas de impacto inmediato:
o sobre los ingresos de este grupo de trabajadores profesionales y/o
alternativamente sobre las obligaciones que los mismos tienen tales como
exenciones de pagos; o refinanciación automática de pago de servicios,
impuestos nacionales, provinciales y municipales; o seguro de desempleo para
trabajadores profesionales independientes; o licencias pagas para trabajadores
profesionales precarizados durante la emergencia; o cobertura social
irrestricta de obras sociales para este colectivo; u otras medidas que mitiguen
el desamparo existente.
Esta crítica situación, es un escalón muy alto para afrontar luego que los
ingresos reales del sector vienen deteriorándose en más de un 20% en los
últimos dos años según un informe de la Fepuc publicado en 2019.
Matrícula
En tiempos donde el Responsabilidad Social debe ejercerse desde todos los
frentes, en el caso de la realidad profesional y las actividades que ellos
ejercitan, tienen el respaldo de la academia que los formó como también la
garantía en la práctica ética tanto desde
la actitud de cada individuo como de las entidades profesionales que los
nuclean y regulan la actividad profesional. Todas estas garantías hacia nuestra
comunidad sólo se dan si los y las trabajadores profesionales egresan de
instituciones educativas oficiales y se
encuentran debidamente inscriptos en los Colegios y Consejos de Ley
establecidos por la Constitución Nacional y las Leyes Provinciales pertinentes.
* Por este motivo, se solicita a las autoridades del Estado,
en todas sus jurisdicciones, la regularización inmediata -matriculación- de
todos los trabajadores profesionales que se desempeñan en las diferentes
jurisdicciones del mismo.
Financiamiento – Reactivación
* Se solicita que las y los profesionales, entendidos como trabajadores independientes, sean incorporados a todos los programas existentes sean de asistencia, exenciones, subsidios, financiamientos y de promociones de la actividad productiva; sean originados en las áreas estatales, de Ciencia y Tecnología, Trabajo, Industria, Producción, Comercio u otros; de modo de favorecer al acceso a todos los incentivos posibles para ayudar a paliar la actual situación de dificultad en el ejercicio del trabajo por las medidas que son de público conocimiento y que esta Federación considera totalmente adecuadas y pertinentes en nuestro país.
Alerta por recortes de honorarios/salarios/becas
* Se solicita respetar los derechos laborales de las y los profesionales trabajadores, evitando experiencias reprochables como la de pretender disminuir los honorarios/salarios/becas en el contexto de pandemia y en especial a quienes se desempeñan en el sector de la salud. La Fepuc repudia fuertemente estos procederes ya sea que se pretendan en el ámbito privado, como en el estatal, en cualquiera de sus jurisdicciones.
Es necesario “visibilizar” desde un Estado verdaderamente inclusivo, a los y las profesionales como trabajadores, con ingresos degradados por el proceso inflacionario, claramente excluídos de incentivos y promociones para la producción, y sin una defensa sectorial de sus posibilidades de ingresos, pero claramente afectados por la imposibilidad de trabajar en este contexto de crisis, debiendo afrontar inexorablemente sus compromisos.
Dicha visibilización del trabajador profesional debe ser sin demora, abarcativa de todas las profesiones y desde todas las áreas de gobierno para constituir un real Estado verdaderamente inclusivo.