La provincia de Córdoba cuenta con más de 300 mil personas con estudios superiores completos, es decir las que se encuadran en la definición de “profesionales”.
Las 31 entidades que se vinculan a FEPUC, agrupan y representan a más de 130.000 profesionales en toda la provincia.
Desde hace más de 7 años desde FEPUC venimos advirtiendo sobre el deterioro de las condiciones laborales de las y los profesionales de la provincia. Durante la década que comprende entre 2005 y 2015, la puja sobre los ingresos la ganaron las personas que trabajaban en relación de dependencia, y entre ellos las y los profesionales que comparten esa condición.
En esa década los ingresos de las personas asalariadas crecían al ritmo de la inflación, y siempre por encima de la misma, mientras que el sector de profesionales independientes, no corrió con la misma suerte y sus ingresos permanecían estancados o con mínimos crecimientos.
A la vez que se estancaban los ingresos, se precarizaban las condiciones de contratación y se deterioraba el poder adquisitivo de los ingresos de la mayoría de las y los profesionales.
Y la tendencia no vio mejoras en los años subsiguientes. La línea histórica de 20 años nos presenta un mercado laboral fuertemente desregulado para las y los profesionales, tanto para los trabajadores asalariados como para los independientes, con mayor perjuicio para estos últimos; en el cual sus remuneraciones quedan determinadas por el libre convenio entre las partes, en gran medida liberadas al mercado de la oferta y la demanda.
Sobre la pérdida del poder adquisitivo
Desde 2021 el OPF comenzó a analizar comparativamente un indicador que define INDEC en su EPH, es el dato sobre Canasta Básica Total para la unidad de medición del adulto equivalente. Es decir, cuánto debe ganar una persona adulta para no estar por debajo de la línea de la pobreza. En nuestros estudios específicamente hablamos de la “CBT de adulto equivalente con estudios superiores completos”, es decir “profesionales”.
Estos análisis muestran que en 2011- según EPH – la CBT para adulto equivalente era de $441, y el ingreso de una persona con estudios superiores completos $4.874- Es decir que en sus ingresos equivalen a 11 canastas básicas totales. Pero en 2022, también según EPH, la CBT del adulto equivalente fue de $29.026. Y los ingresos promedios de una persona con estudios superiores completos fue de $95.329- es decir, que representa a 3,3 CBT.
En resumen, siguiendo datos de EPH la CBT para el adulto equivalente entre 2011 y 2022 creció 35 veces. Mientras que los ingresos de una persona con estudios superiores completos (profesionales) creció sólo 11 veces.
Si bien respaldamos la información con fuentes oficiales como EPH-INDEC, podemos complementar este análisis localmente, indicando que según las mediciones de OPF para mayo de 2022 el promedio ingreso de una profesional era equivalente a 4,2 CBT de la unidad adulto equivalente.
Sabemos que en tiempos inflacionarios la pérdida de poder adquisitivo es una constante. Lo cual deriva en una permanente puja por los ingresos. Escenario en el cual los más perjudicados son las personas que trabajan de manera informal, los independiente, o los que tienen contratos de locación de servicio o “monotributos” que esconden una relación de dependencia.
En el mercado laboral actual, ya no hace falta promover una ley que “desregule o flexibilice” el mercado laboral. La desregulación, la flexibilización, la precariedad de las condiciones laborales, se producen de facto. En la evolución histórica de nuestros estudios, hemos verificado cómo, en los últimos 5 años, la modalidad de contratar a profesionales en relación de dependencia fue migrando hacia la modalidad de “locación de servicio”. Predominando en ésta última una “relación de dependencia encubierta” donde las o los profesionales cumplen un horario fijo, y están subordinados/as a todas las reglamentaciones de su empleador/a, pero sin los derechos o beneficios que tienen el resto de las personas que sí cuentan con la relación de dependencia formal.
Todos nuestros estudios están evidenciando que cuanto mayor regulación hay en las condiciones laborales, mejor es el ingreso, mayor es la equidad, y son mayores las oportunidades de acceder a cargos o carreras dentro de las organizaciones. Sin embargo, lo que crecen son los mecanismos de desregulación.
En términos de ingresos, vemos que en el sector de profesionales los mejores ingresos los tienen las personas que trabajan bajo relación de dependencia (RRDD), y también los que combinan una RRDD con otros trabajos donde facturan sus servicios profesionales de manera independiente.
Pero cuando comparamos los ingresos, entre las diferentes modalidades de contratación que tienen los y las profesionales, nos encontramos que los que factura como “monotributistas” en RRDD encubierta, ganan un 23% menos que las personas que están en RRDD, a pesar de que estos profesionales terminan siendo más económicos para la patronal.
Y aquí nuestro primer interrogante: ¿cómo hacemos para mejorarle las condiciones laborales a más de 15 mil profesionales que están en estas condiciones?
Hace dos años dejamos planteadas las 8 alertas sobre precariedad laboral que sufren las y los profesionales, muchas de ellas hasta naturalizadas como parte de una profesión. Pero nada más alejado de los parámetros mínimo que propone la Organización Internacional del Trabajo (OIT) cuando esgrime la definición de trabajo digno.
Sin duda desde nuestras entidades debemos dejar clara nuestra necesidad básica e histórica, relacionada con “la importancia de la recuperación del mecanismo regulatorio que permita la actualización constante de los honorarios profesionales”
Para acceder al informe completo y profundizar más sobre las condiciones laborales del sector, puede ingresar AQUÍ