Que la antigüedad del personal contratado en la Provincia de Córdoba, en numerosos casos con varios años de prestación de servicios, distorsiona y enmascara una relación de dependencia pública plena e incontrovertible, ya que ese personal realiza aportes previsionales a las Cajas del Estado y se encuentra sometido a los regímenes de empleo y/o disciplinarios del personal de planta permanente; cuando conforme a la Ley los “contratos” en el ámbito de la administración pública sólo debieran admitirse para cubrir necesidades eventuales o transitorias, que no puedan ser satisfechas a través de su personal de planta permanente. Que se trata de profesionales que pueden dar cuenta de sus intervenciones en el marco de las políticas públicas que estaban vigentes.
Que el despido de personal como forma de reducir los gastos del Estado no puede conducir a la violación de derechos adquiridos, pues con ello se avasalla legítimas aspiraciones de estabilidad y desarrollo laboral y profesional de los afectados, máxime cuando su súbita expulsión se produce sin indemnización ni compensación económica de ninguna naturaleza.
Que el Estado debería ser ejemplo de acatamiento de las Leyes y respetar y tutelar los legítimos derechos del personal que presta servicios, en todos sus ámbitos y dependencias.
Por todo ello, la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Córdoba (FEPUC), en ejercicio de funciones y atribuciones que le son propias y esenciales, exhorta a las autoridades públicas competentes, en sus respectivos ámbitos funcionales, a producir la urgente revisión y reversión de las ilegítimas decisiones adoptadas reincorporando los profesionales despedidos; desterrando, en lo sucesivo, la perniciosa práctica de ejecutar indiscriminadamente para luego revisar “caso por caso”.
